Juez federal recomienda que demanda presentada contra el sheriff se regrese a la corte de distrito estatal

Por LAURA B. MARTINEZ/Redacción

Un juez de primera instancia federal quiere que la División Legal de la Corte de Comisionados del Condado de Cameron explique por qué una demanda de restricción temporal que presentó contra el sheriff Eric Garza debe permanecer en la corte federal.

El Juez Magistrado de los EEUU, Ronald G. Morgan, recomendó el 9 de julio que el caso se devolviera al Tribunal de Distrito 445 del estado sobre la base de que el tribunal federal carece de jurisdicción en la materia.

En su recomendación, Morgan indicó que las partes involucradas tienen 14 días para recibir una copia de su informe y la recomendación para presentar objeciones por escrito, si las hubiera. Dijo que una parte que presenta objeciones debe identificar específicamente los hallazgos fácticos o legales a los que se están haciendo las objeciones.

La demanda se presentó por primera vez en un tribunal de distrito estatal en abril, pero luego se transfirió a un tribunal federal el 24 de junio.

En abril, la Corte de Comisionados del Condado de Cameron presentó una orden de restricción temporal contra Garza, alegando que está tomando medidas más allá de sus deberes como alguacil.

La División Legal Civil del Tribunal de Comisionados dijo que no tenía más remedio que presentar la demanda porque Garza actuó fuera del alcance de su autoridad legal.

“Estas acciones son contrarias a la Corte de Comisionados y la Constitución de Texas, que el Sheriff Garza está obligado a defender”, se lee en la demanda.

La demanda establece que, sin autorización, Garza tomó las decisiones presupuestarias de la corte y no hizo caso de los poderes y autoridades impuestos por el Reglamento de la Función Pública y rescindió unilateralmente un Memorando de Entendimiento.

El Memorando de Entendimiento o MOU en cuestión se refería a un acuerdo del 22 de diciembre de 2016 entre la oficina del entonces sheriff Omar Lucio y el condestable del Precinto 2 del Condado de Cameron Abelardo Gómez Jr. que establecía que la oficina de Gómez estaría a cargo de la seguridad de la corte y proporcionar a los oficiales una comisión de aplicación de la ley. “El memorando de entendimiento entró en vigencia en 2013 y debe actualizarse si hay algún cambio en los funcionarios electos que firmaron el memorando de entendimiento”, se lee en la demanda.

La TRO leyó que el 25 de marzo Garza envió a Gómez y a la Corte  de Comisionados una carta que decía que el memorando de entendimiento sería terminado el 29 de marzo y que la seguridad de la corte volvería a estar bajo la supervisión del Departamento del Sheriff.

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