Por DENISE CATHEY Redacción

Con las fechas límite para la moratoria de desalojos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y una orden de emergencia de la Corte Suprema de Texas que se aproxima este mes, los inquilinos enfrentan incertidumbre sobre la forma que tomarán las posibles extensiones.

Además, un fallo del juez J. Campbell Barker del Distrito Este de Texas el mes pasado ha agregado más confusión con su declaración de que la moratoria de desalojo de los CDC es inconstitucional. La moratoria de desalojo de los CDC evita temporalmente que los propietarios desalojen a los inquilinos por falta de pago del alquiler que caen bajo las condiciones de la moratoria.

Los inquilinos aún deben la renta y los propietarios pueden aplicar cargos por pagos atrasados, pero la moratoria brinda cierta protección para mantener a algunas personas en sus hogares para limitar la propagación del virus durante la pandemia de COVID- 19.

El principal argumento del juez para su fallo en Terkel v. Center para el Control y la Prevención de Enfermedades es que la capacidad del gobierno federal para regular el comercio bajo los poderes otorgados al Congreso por la cláusula de comercio en la Constitución no es lo suficientemente amplia como para poner los desalojos residenciales bajo supervisión federal. Si bien Barker no ha emitido una orden judicial a nivel nacional con su orden, ha sugerido que está dispuesto a hacerlo si el gobierno federal no cumple con su decisión.

“Encontré algunas de las opiniones un poco sorprendentes. El juez habló sobre, por ejemplo, cómo incluso durante la Gran Depresión no hubo este tipo de intervención económica de amplio alcance por parte del gobierno federal y eso simplemente no es cierto”, dijo Andrew Smith, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Texas del Valle del Río Grande — del campus de Edinburg.

“Si bien es cierto que inicialmente, la Corte Suprema adoptó una visión muy estrecha de, por ejemplo, lo que era válido bajo los poderes de la cláusula comercial del Congreso; sería erróneo decir que el gobierno federal no intentó estos amplios programas y que estos programas generalizados no eran constitucionales” explicó.

Entonces, ¿qué significa la decisión de Barker para los inquilinos? La respuesta es, no mucho por el momento.

“El fallo del juez no anula la moratoria de desalojo de los CDC. La opinión no vincula a los tribunales de justicia de Texas y no ordenó la ejecución de la orden de los CDC. Tampoco emitió una reparación que se extendiera más allá del puñado de demandantes en el caso. Además, se aplica solo a los demandantes en el caso, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está apelando el fallo“, dijo Robert Elder, director de comunicaciones de Texas RioGrande Legal Aid.

Si bien la moratoria de los CDC se ha mantenido en dos fallos de tribunales federales separados, lo que pone este fallo en minoría, por el momento cualquier efecto que tenga este fallo depende de lo que suceda a continuación en el sistema judicial, dejando cualquier resolución con semanas o meses de descanso.

El CDC presentó una propuesta de extensión a laOficinadeAdministración y Presupuesto el 18 de marzo para revisión regulatoria que actualmente está pendiente. En este momento, no está claro qué duración y si las protecciones se ampliarán en esta renovación a partir de la información disponible en la entrada en el sitio de revisión regulatoria de OMB.

El problema más inmediato es entre las órdenes de emergencia de la Corte Suprema de Texas y la moratoria de los CDC. Si bien la moratoria actual vence el 31 de marzo, las órdenes de emergencia de la Corte Suprema de Texas, que establecen algunos requisitos y programas relacionados con los desalojos, vencen el 31 de marzo, el 12 de mayo y el 1 de junio a menos que se renueven.

La reciente orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott que levanta el mandato del cubrebocas y abre Texas al 100% cuando se combina con los recientes esfuerzos de cabildeo de los propietarios, propietarios de apartamentos y grupos de la industria de la vivienda en el estado, sirve como una advertencia para la abogada Dana Karni, quien encabeza el Proyecto de Derecho de Asesoría en Desalojo para Lone Star Legal Aid, que es posible que el gobierno estatal y federal ya no trabajen juntos en futuras políticas de desalojo.

“En este momento parece que Texas se está moviendo en una dirección muy diferente”, dijo Karni.