Urgen atención médica

POR ERIN SHERIDAN
Redacción



HELEN PERRY, directora ejecutiva de Global Response Management (GRM), de pie, afuera de la unidad móvil de la organización el miércoles en el campamento de migrantes a las afueras de El Puente Nuevo en Matamoros, México. La organización, junto con sus socios, ha estado luchando para que los solicitantes de asilo gravemente enfermos sean reconocidos como elegibles para la exención de permanecer en México bajo la política de MPP.

-Denise Cathey/El Nuevo Heraldo

Cuando los solicitantes de asilo que esperan en Matamoros necesitan atención médica de emergencia, cruzar la frontera hacia los Estados Unidos nunca se da por hecho — a pesar de las exenciones médicas en la política “Permanecer en México” de la Casa Blanca.

“Cuando empezamos, la Patrulla Fronteriza le dijo a uno de nuestros médicos que ‘esto no va a ser nada”, dijo Helen Perry, directora ejecutiva de Global Response Management (GRM), desde la unidad móvil de la organización creada justo después de Gateway Puente internacional en Matamoros.

“Cuando agotamos todos los demás recursos, tenemos que cruzar a estas personas a los Estados Unidos para recibir tratamiento de emergencia. Ellos básicamente insinuabna que debemos tener mucho cuidado de no abusar del sistema. Y lo hemos respetado.”

La organización es la única ONG a tiempo completo establecida a lo largo de la frontera entre Tijuana y Matamoros, a pesar de que se estima que unos 60,000 solicitantes de asilo están atrapados en los puertos de entrada bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) con acceso limitado severamente a la atención médica.

Perry, la abogada Charlene D’Cruz de Abogados para el Buen Gobierno (L4GG) y un equipo de médicos voluntarios han estado trabajando desde mediados de octubre para salvar las vidas de los solicitantes de asilo, críticamente enfermos que viven sin hogar en Matamoros, cuyas condiciones se supone que les eximen bajo el lenguaje de la política de MPP.

“Obviamente eso no está sucediendo, porque tengo miles de pacientes con afecciones físicas y mentales que no están cruzando”, indicó Perry, tomando un descanso al atender a los residentes del campamento para hablar con el Brownsville Herald.

“Nos han colocado en una posición en la que tenemos que ser estratégicos acerca de a quién presentamos en el puente y cuando llamamos a los medios para presionar a CBP. ¿Por qué mi paciente con cáncer de ovario puede cruzar, pero mi paciente con cáncer de estómago no puede? es desgarrador.”

En el Día de Año Nuevo, Perry y D’Cruz cruzaron con éxito a los Estados Unidos a una mujer llamada Yanet que tiene cáncer de ovario, después de varias semanas de pelea con los oficiales de CBP por su negativa a concederle a la mujer su exención, como requiere la ley.

“Hicimos su tomografía computarizada y su ultrasonido. El radiólogo nos informó que era altamente sospechosa de cáncer. El supervisor con el que hablé dijo: “¿Por qué no lo biopsias?” esa fue su razón para denegarla”, declaró Perry.

“No se puede hacer biopsia del cáncer de ovario. Si haces una biopsia de cáncer de ovario y resulta que es cáncer, literalmente acaba de propagar el cáncer por todo el cuerpo. Se llama morcelación”.

La mujer necesitaba cirugía, que no pudo conseguir en Matamoros. Los médicos recompilaron los registros médicos de la mujer — recogida con la ayuda de un programa de referencia médica creado por el Centro de Recursos en Matamoros, y se la envió con D’Cruz al puente para argumentar su caso de libertad condicional.

D’Cruz dijo que a menudo espera de tres a cinco horas con los pacientes mientras ellos razonan con los oficiales para llamar a los supervisores a fin de defender el caso para la entrada.

Los supervisores luego llaman al personal médico de CBP, cuyas recomendaciones a menudo son ignoradas por los supervisores una vez que el personal abandona el sitio.

Los pacientes que necesitan atención a largo plazo, son trasladados a salas de emergencia donde el personal de emergencias no puede proporcionar tratamiento y envían a pacientes como Yanét a las calles de México con analgésicos.

“Ese es el problema con el que estamos lidiando”, recalcó Perry. “Los funcionarios que no tienen títulos médicos están tomando estas decisiones”.

Al respecto, comentó que es probable que Yanét tenga una enfermedad terminal. “En este punto, la ha tenido durante tanto tiempo que la probabilidad de que tenga metástasis es muy alta.

Ella tiene un dolor insoportable todos los días. Quería pasar el último de sus buenos días con la familia. CBP no pudo entender por qué no debía estar viviendo en una tienda de campaña”.

Tanto Perry como D’Cruz dicen que la agencia no ha seguido el protocolo, lo que resulta en experiencias cercanas a la muerte para una variedad de pacientes con enfermedades que requieren visitas a la sala de emergencias y, la mayoría de las veces, tratamiento a largo plazo en los Estados Unidos.

Las historias que comparten los dos son desgarradoras e indican un patrón de conducta más amplio por parte de los funcionarios de CBP que plantean preguntas sobre cuántos solicitantes de asilo gravemente enfermos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México no han podido acceder a la atención médica en escenarios de vida o muerte.

“Un hombre entró en la oficina con toda su sonda de alimentación infectada”, recordó D’Cruz a finales de esta semana. “Lo llevé al puente con sus registros médicos y un médico. Siguió levantando su camisa para mostrarnos, fue tan malo que me dio náuseas”.

Perry supervisó el caso. Cuando habló con un supervisor sobre su condición, le dijeron que no se le concedería la libertad condicional porque el hombre podía “mezclar su comida y ponerla en el tubo”.

“Es este círculo vicioso de malentendidos”, subrayó. “Estamos aquí reactivamente tratando de llevar a las personas a un lugar seguro, para obtener algún tipo de atención médica que les salve la vida”.

D’Cruz citó un caso reciente en el que una niña de 7 años tenía una fístula — un agujero en su colon que hace que la materia fecal se drene a través de su piel, así como hacia los órganos internos de la niña. Si la niña defecara en su abdomen, se volvería séptica y moriría en cuestión de minutos.

Según D’Cruz y Perry, no hay cirujano pediátrico en Matamoros o en Brownsville. El más cercano está en Corpus Christi.

“La llevé al puente junto a Yanét y una mujer que tenía toxoplasmosis. CBP las llevó a la sala de emergencias y cinco horas después estaban de regreso en México. La niña tenía materia fecal sobre ella, sobre y nosotros esperando en el puente. Literalmente la limpiaron, le dieron un pañal nuevo y la enviaron de regreso”.

D’Cruz compartió que casi al mismo tiempo, ella trató de cruzar a varios solicitantes de asilo sordos, así como a un niño con parálisis cerebral, síndrome de Pierre Robin y una traqueotomía — un agujero abierto en su garganta.

“Se llevaron a todos menos a los pacientes sordos. Los otros tres clientes que tomaron — les hicieron esperar hasta las 4 a.m. y luego comenzaron a procesarlos”, dijo.

Según D’Cruz, a los pacientes sordos se les negó la entrada porque las celdas de retención de CBP estaban “demasiado llenas” y sería “inhumano” acogerlos.

“Les pregunté: “¿En la misma oración usaron “hieleras” y “humanitario?”, dijo el abogado, refiriéndose a las celdas de detención notoriamente congeladas, utilizadas para detener a los migrantes que están siendo procesados por la agencia.

Con la ayuda de abogados como D’Cruz, los médicos de GRM han mitigado la muerte en el acto. Sin embargo, se ven obligados a enviar pacientes a hospitales en Matamoros con recursos limitados para satisfacer a los funcionarios de CBP, quienes a veces han rechazado la entrada a pacientes a favor de enviarlos primero a hospitales mexicanos.

“Tenía un hombre que sufrió un ataque cardíaco en toda regla en el campamento. El hospital no realizó cateterismo diagnóstico ni electrocardiograma. Lo enviaron nuevamente con anticoagulantes y medicamentos para la presión arterial”, afirmó Perry.

“Los anticoagulantes en este campamento son mortales. Si te caes, estás en problemas”, continuó, refiriéndose al lodo irregular que rodea durante la noche la resbaladiza unidad médica por la lluvia.

Perry y D’Cruz han tratado de cruzar pacientes con ataques epilépticos, apendicitis, niveles de oxígeno en la sangre que caen en picado como resultado de la anemia falciforme, y más.

Cada vez, los funcionarios portuarios encuentran cosas que pueden señalar con el fin de denegar la libertad condicional a largo plazo o prolongar el proceso para llevar a los pacientes a las salas de emergencia en Brownsville.

D’Cruz recordó el caso de un niño de 8 años que casi muere antes de que CBP aceptara colocarlo en una ambulancia. “Tenía apendicitis. Hubo visitas de médicos que se dieron cuenta de que su apéndice se había expandido 9 milímetros y que iba a romperse. Ya había estado en el hospital de Matamoros. Les tardó una hora cruzarlo”, dijo D’Cruz.

“Su apéndice se rompió en el camino al hospital o justo cuando llegaron allí. CBP o no entiende, o no le importa entender”.

D’Cruz dijo que cuando comenzó a cruzar clientes enfermos en octubre, el director del puerto, Tater Ortiz, estaba disponible para hablar, pero regularmente rechazó las exenciones. En las últimas semanas, ella no ha podido ponerse en contacto con él. “Él dejó de trabajar con nosotros”, dijo.

“Le digo: ‘Erik, tú eres el abogado’. Nuestro trabajo es decirles a los clientes cómo no violar la ley. Su respuesta es: ‘Bueno, no puedo hacer esa llamada’”. La mujer citó otro incidente en el que se encontró durante horas en el puente con lluvia, un clima de 44 grados con una niña que estaba séptica. “Seguían diciendo que no. La enfermera practicante de CBP finalmente bajó y, en 40 segundos, dijo: “Sí, este niño tiene que entrar”.

“Cuando se fue, el supervisor nos dijo que estaban llamando en su lugar a hospitales mexicanos”.

Es generalmente en este punto por lo que D’Cruz llama a los medios. En este sentido, recordó varios incidentes en los que se contactó con amigos a fin de difundir el mensaje en Twitter, dando lugar en cuestión de minutos a miles de llamadas a la oficina de Ortiz.

“Es solo después de esas llamadas por lo que tenemos éxito. Solo puedo suponer que es el director del puerto, quien aprueba estas exenciones”, sugirió.

Mientras tanto, bajo la dirección de Perry, GRM es la única agencia que recopila datos sobre cuántas personas viven en el campamento. En octubre, su personal contó 726 carpas.

“La gente no nos creyó cuando dijimos que eran tantos. Hicimos múltiples cuentas. Nos estamos preparando para hacer otra, porque el campamento ha crecido exponencialmente”.

Perry expresó que en el sector humanitario es casi desconocido no tener un seguimiento formal de los solicitantes de asilo en el campo. “Monitorear el desplazamiento es probablemente el 90 por ciento de lo que las Naciones Unidas hacen en estas situaciones,” remarcó.

Al mismo tiempo, aclaró que, tradicionalmente, la ONU o varios gobiernos involucrados cubren el costo de la ayuda humanitaria. Nada de eso está sucediendo a lo largo de la frontera.