Programan juicio por asesinato

POR LORENZO
ZAZUETA-CASTRO
Redacción

Una corte fijó una fecha de juicio en enero para un hombre de Alamo acusado de asesinato.

Durante lo que se esperaba que fuera la audiencia final previa al juicio en el caso de asesinato de Peter Isiah Uvalle antes de que comenzara a ser juzgado el 7 de octubre, las abogadas de Uvalle, Savannah González y Lucía Regalado, argumentaron que necesitaban más tiempo ya que todavía estaban analizando varias pruebas y grabaciones de video que habían recibido recientemente del estado.

“… Este sábado, en la víspera del juicio, recibimos una declaración del coacusado, que tiene más de una hora y 15 minutos, que nunca recibimos de otra manera. Eso es enorme, juez”, dijo González. “Esto es potencialmente dos vendedores, dos compradores, uno de los compradores, de quienes nunca recibimos su declaración. De repente, recibimos una declaración que es completamente diferente del resumen escrito que estaba en el informe, por primera vez, la recibimos el sábado.

“Eso es enorme porque eso cambia totalmente lo que está diciendo, eso es evidencia de juicio político”.

La audiencia, que duró los 20 minutos, fue de polémica, con González y los fiscales del estado yendo y viniendo sobre problemas de descubrimiento.

“Necesito esas cosas para prepararme, y (el estado tiene) un deber, un deber continuo, bajo (el hecho de Michael) Morton, para entregar toda esa evidencia, continuamos recibiendo evidencia en este caso juez, y es un gran problema para la defensa”, agregó González.

El fiscal de distrito del condado de Hidalgo, Ben Abila, que representa al estado en el caso, junto con Vance Gonzales, quien asistió a la audiencia el jueves, no negó que a partir de ese fin de semana, el estado entregó una grabación de video de un testigo ocular del incidente de este caso.

Los fiscales del estado informaron a la corte que todas las pruebas que tenían estaban en el archivo del caso y las pusieron a disposición de los abogados de Uvalle, y le informaron a la corte que las pruebas en dos casos relacionados han estado archivadas para que la defensa las vea.

“… El coacusado, es el mismo archivo juez, es el mismo caso, todos son duplicados, tenían esa evidencia, señoría”, dijo Abila.

El argumento principal de González durante la audiencia del jueves por la mañana ante el 139° juez de distrito estatal Roberto “Bobby” Flores, fue que correspondía al estado producir todos los materiales relacionados con el caso como se describe en el código penal, y no lo habían hecho con el caso de ahora de casi dos años, que ha estado pendiente.

El estado reiteró que sus testigos están listos y que el estado estaba listo para proceder con el juicio para la fecha del 7 de octubre.

Finalmente, el tribunal otorgó más tiempo a la defensa de Uvalle; estableciendo una fecha límite para que toda la evidencia del estado sea entregada a sus abogados antes del 4 de noviembre.

Además, la defensa solicitó al tribunal que dictamine una moción pendiente para suprimir las pruebas presentadas a fines de septiembre.

Archivado el 26 de septiembre, la defensa argumenta que el tribunal no debe permitir que el estado ponga en evidencia una declaración tomada por un investigador de la policía de Pharr de Uvalle, poco después de que los médicos lo operaron para tratar dos heridas de bala.

Uvalle, argumenta la defensa en la moción, fue interrogado incorrectamente poco después de la cirugía, mientras se recuperaba en una sala de operaciones en el Doctors Hospital at Renaissance en Edinburg, y mientras todavía estaba fuertemente medicado.

Los abogados de Uvalle argumentaron en esa presentación que Uvalle, que tenía 18 años en el momento del tiroteo y estaba custodiado por al menos dos policías cuando se despertó de la cirugía, fue medicado “fuertemente” y fue “coaccionado” por la policía para dar una declaración voluntaria de lo que sucedió la mañana del tiroteo.

La defensa argumenta que la declaración de Uvalle obtenida del investigador fue “producto de un interrogatorio de custodia”, que no se hizo de manera “libre, consciente y voluntaria”, y que la declaración de Uvalle se obtuvo como resultado de las “acciones impropias” por las fuerzas del orden público, indicó la moción.

“Antes de su llegada al DHR, (el investigador) habló con una enfermera (cuyo nombre es indocumentado) en el hospital y se le informó que el estado (de Uvalle) era ‘estable’, lo cual (el investigador) entendió que significaba , ‘no sedado’”, decía la presentación.

Durante este tiempo, la policía de Pharr fue designada como agente de Uvalle y prohibió cualquier comunicación entre Uvalle y su familia.

La defensa argumenta que Uvalle no entendió completamente los derechos Miranda que leyó el investigador, quien tampoco grabó la entrevista, y que debido a la falta de comprensión de Uvalle, no renunció completamente a ese derecho.

El tribunal no dictaminó sobre la moción y dijo que lo haría en un momento posterior.

El caso se centra en Uvalle, acusado de disparar y matar a Jonathan Joseph Alcala, de 20 años, durante lo que se cree fue un negocio de drogas que salió mal.

La policía cree que Uvalle disparó y mató a Alcalá en las primeras horas de la mañana del 15 de diciembre de 2017, por una discusión relacionada con píldoras Xanax.