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SAN DIEGO, California — Un tribunal de apelaciones suspendió el viernes una importante ley del gobierno del presidente Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se tramitan sus casos en los tribunales inmigratorios de Estados Unidos.

La misma corte decidió mantener en suspenso otro cambio importante, uno que niega asilo a todos lo que llegan a Estados Unidos sin autorización desde México.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos falló sobre las dos normas, que son fundamentales para las medidas severas de Trump contra el asilo, un gran revés para el gobierno, aunque sea temporal.

La pregunta ante los jueces era si permitir que la política entrara en vigor durante los recursos legales en su contra.

El gobierno de Trump convertido al asilo en una posibilidad remota en un momento en que han aumentado las peticiones. Para 2017, Estados Unidos se había convertido en el principal destino del mundo para las personas en busca de asilo.

El programa “Permanecer en México” entró en vigor en enero de 2019 y casi 60.000 personas han sido regresadas en espera de su audiencia. La corte declaró que la política era inválida, pero reconoció que el fallo sólo aplicaba en California y Arizona, los únicos estados fronterizos en su jurisdicción.

Los abogados del Departamento de Justicia aseveraron que Trump estaba dentro de su derecho de imponer las políticas sin aprobación del Congreso y que ayudarían a desalentar las peticiones de asilo sin mérito.

Los opositores, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles, argumentó que el gobierno violó la ley estadounidense y obligaciones a tratados internacionales al regresar a las personas que probablemente sean perseguidas por su raza, religión, nacionalidad y creencias políticas.

Los jueces William Fletcher y Richard Paez, ambos designados por el presidente Bill Clinton, cuestionaron ásperamente a los abogados del gobierno sobre “Permanecer en México” durante los argumentos del 1 de octubre. Votaron a favor de bloquearlo.

El juez Ferdinand Fernandez, nombrado por el presidente Ronald Reagan, estuvo en desacuerdo.

Los que apoyan la política “Permanecer en México” señalan que ha evitado que personas en busca de asilo sean liberadas en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante la corte, que consideran un gran incentivo para que personas lleguen.

México, 17 Feb (Notimex).- La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) informó hoy que a la comunidad educativa Rebsamen ya se le investiga por la desaparición de su estudiante Fátima, quien, presuntamente, fue sustraída la semana pasada del plantel por una persona desconocida y encontrada sin vida el domingo. 

JOHANNESBURG (AP) — Ethiopia is entering its third week without internet service for almost everyone after days of deadly unrest, as the government in Africa’s diplomatic and aviation hub says it’s trying to prevent speech that could further inflame ethnic tensions.

SACRAMENTO, Calif. (AP) — As the coronavirus swept California with renewed ferocity, the governor once again closed bars, inside dining and, for much of the state, gyms, indoor church services and hair and nail salons in an effort to prevent COVID-19 cases from swamping hospitals.

SILVER SPRING, Md. (AP) — A federal judge agreed Monday to suspend a rule that requires women during the COVID-19 pandemic to visit a hospital, clinic or medical office to obtain an abortion pill.

NUEVA YORK — El gobierno del presidente Donald Trump sí tiene derecho a retener millones de dólares en fondos para agencias policiales a fin de obligar a los estados a cooperar con las restricciones migratorias, decidió el miércoles un tribunal federal de apelaciones en Nueva York, en un fallo que contradice los de otros tres tribunales.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de 2do Distrito en Manhattan anula un fallo anterior que le exigía al gobierno federal entregarle los fondos a la ciudad de Nueva York y a siete estados: Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts, Virginia y Rhode Island.

Esas jurisdicciones habían demandado al gobierno federal luego que el Departamento de Justicia anunció en 2017 que retendría los dineros a ciertas ciudades y estados a menos que le den a las autoridades de inmigración acceso a las cárceles y les notifiquen cuando alguien que esté en el país ilegalmente está a punto de ser excarcelado.

Antes de ese cambio, las ciudades y estados estaban obligados únicamente a demostrar que no estaban impidiendo a las agencias policiales comunicarse con las autoridades federales sobre el estatus migratorio de presos.

En ese momento, el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, declaró: “Las llamadas ‘políticas de santuario’ aumentan la inseguridad para todos porque intencionalmente debilitan nuestras leyes y protegen a los extranjeros ilegales que han cometido delitos”.

El Tribunal de Apelaciones de 2do Distrito afirmó que el lenguaje sencillo de las leyes pertinentes deja en claro que el secretario de Justicia tiene la autoridad de imponer condiciones a los estados y municipalidades que reciben dinero federal.

Añadió que la Corte Suprema ha fallado varias veces que el gobierno federal tiene autoridad sobre los estados en cuanto a las políticas migratorias.

Los últimos dos años, tribunales de apelación en Chicago, Filadelfia y San Francisco han fallado en contra del gobierno federal al ratificar amparos presentados para impedir la aplicación de algunas o todas las condiciones.

El fallo reciente se refiere al subsidio Edward Byrne Memorial, un fondo creado en el 2006 mediante el cual el Congreso distribuye más de 250 millones de dólares en fondos federales para agencias policiales estatales y locales.